Justicia de pandereta

Está quedando demostrado estos últimos meses que en España existe una justicia de dos velocidades, una amañada, comprada, y adherida al poder ejecutivo, y otra, la del pueblo llano, la de la gente de la calle, lenta, excesivamente burocratizada e ineficaz. Casos como el Marta del Castillo, son una completa vergüenza, ensucian la imagen del país, y además, los medios de comunicación, voraces como buitres ante el morbo y la pantomima, se encargan de hacer aún más sangre. Otros más comunes, cómo aquellos relacionados con la violencia de género, siguen cosechando decenas de muertes anuales, a pesar de órdenes de alejamiento y demás  insuficientes medidas, que también se nutren de los perniciosos efectos que genera la prensa cada vez que ocurre un crimen y una mujer es asesinada.

Pero si algo nos indica que este país se rige por la ley del caciquismo más abyecto, son los recientes juicios que han alcanzado relevancia internacional, como el del ex-presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, acusado de cohecho por haber adjudicado concesiones a empresas de la corrupta Trama Gürtel, a cambio de regalos y de los famosos trajes.  No sólo Camps ha sido declarado inocente, sino que el Juez que instruía el caso, el reputado magistrado de la audiencia nacional Baltasar Garzón, famoso por sus causas contra el narcotráfico o por promover la orden de arresto contra Augusto Pinochet a finales de los 90, está imputado por prevaricación por haber ordenado escuchas entre los presos encausados en dicha trama y sus abogados. Una trama en la que se encuentran imputados 71 cargos del partido popular, acusados de tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Casi nada. Este juez, también se encuentra suspendido cauterlarmente en sus funciones desde mayo de 2010, por haber osado investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, lo que da una idea clara del escaso perfil democrático del Estado español, y de la permanencia de perniciosos bulbos franquistas en las entrañas de su estructura. En palabras de Carlos Jiménez Villarejo, antiguo fiscal anticorrupción, se trata de "un golpe similar al del 23-F, en el que 35 años después de la muerte del dictador, la extrema derecha ha conquistado una victoria que ha sido posible por un Tribunal Supremo sensible a esa persecución y un Consejo General del Poder Judicial cómplice".

Ahora que el Partido Popular se encuentra solidamente arraigado en el poder con una más que holgada mayoría absoluta, queda el terreno abonado para la infamia y la corrupción galopante, con la consecución de una falsa democracia o dictadura financiera a cara de perro. Ayer, el ministro de Justicia Alberto Ruíz Gallardón, anunciaba nuevas medidas en esta ya de por sí injusta y podrida estructura: la creación de una tasa judicial en segunda instancia. Es decir, que todo aquél que desee recurrir ante una justicia, a la luz de los acontecimientos, más que desastrosa, deberá pagar dinero, si lo tiene. Justicia, sí, a dos velocidades, cutre y sólo apta para pudientes bolsillos.